La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una recesión global masiva, con un crecimiento previsto de la economía mundial del -4,9% para 2020. Según las estimaciones, las pérdidas en horas de trabajo llegarán al 14% en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 400 millones de puestos de trabajo de jornada completa. Las economías del G20 han introducido un paquete de apoyo de choque de 9 billones de dólares con el ánimo de proteger a los hogares y las empresas y facilitar la recuperación. Es crucial que estos esfuerzos sustanciales tengan en cuenta las funciones, contribuciones y restricciones económicas específicas de las mujeres, y que aprovechen al máximo esta oportunidad para situar a las mujeres en el centro del diseño de las inversiones en aras de una recuperación sostenible.
Unas 527 millones de mujeres trabajan en los cuatro sectores más afectados, a saber: los servicios de alojamiento y alimentación; las actividades inmobiliarias, empresariales y administrativas; la manufactura; y el comercio mayorista y minorista, que no son adecuados para el trabajo a distancia. Esto representa el 41% del empleo femenino total frente al 35% del empleo masculino total. De las 740 millones de mujeres que trabajan en la economía informal, un 42% pertenece a estos sectores, frente al 32% de hombres. Las mujeres representan el 70% del personal sanitario mundial, y se encuentran en primera línea de la respuesta. Las trabajadoras, que ya soportan desventajas del mercado relacionadas con el género, se han visto afectadas de manera desproporcionada por situaciones de pérdida de empleo, reducción de horas de trabajo y quiebra. Además, han aumentado los riesgos para la salud que afrontan las trabajadoras y los trabajadores sanitarios, así como el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, y la violencia contra las mujeres a raíz de COVID-19 y los confinamientos.
La contribución de las mujeres al producto interno bruto (PIB) mundial es del 37%. Asimismo, todos los tipos de trabajo de cuidados que realizan las mujeres, incluido el no remunerado, generan 11 billones de dólares en todo el mundo (9% del PIB mundial). El aprovechamiento de todo el potencial de las mujeres es crucial para la recuperación económica. Sin embargo, falta claridad respecto a la parte de los paquetes económicos significativos del G20 (o de países ajenos a este) que se ha invertido en las prioridades de las mujeres, pese a las pruebas de que han sufrido en mayor medida el impacto socioeconómico de COVID-19.
La crisis agravará las pérdidas económicas, incluida la de 160 billones de dólares de riqueza global derivada de la brecha salarial por razón de género. Si la reducción del margen fiscal de los países del Sur Global da pie a recortes del gasto en los servicios públicos, también repercutirán gravemente en las mujeres y niñas pobres.
La expansión deliberada del margen fiscal que reconoce e invierte en las prioridades específicas de las mujeres debe ocupar un lugar central en el diseño de los paquetes de recuperación. Favorecer el potencial de las mujeres de manera plena e igualitaria con los hombres promueve el crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo; mejora la representación de las mujeres en las instituciones y los resultados de desarrollo intergeneracionales; y, en consecuencia, además amortigua los efectos de las crisis. Esto asegurará una RECONSTRUCCIÓN MEJOR después de COVID-19 y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el G20 en materia de igualdad de género, aceleración de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Las organizaciones signatarias, ONU Mujeres y W20, instan a los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del Grupo de los G20 a que lideren y coordinen iniciativas mundiales orientadas a promover:
Los exámenes con perspectiva de género de los efectos de la crisis, los paquetes de recuperación y los planes en todo el mundo, con atención especial a las mujeres y niñas más afectadas, a fin de orientar las prioridades de la inversión.
El mayor margen fiscal para los países del Sur Global, por ejemplo, a través de medidas de alivio o cancelación de la deuda; aumento de su liquidez mundial mediante derechos especiales de giro; y políticas monetarias expansivas que impulsen la disponibilidad de crédito en, entre otros, los sectores específicos de las mujeres a través de garantías de crédito y otros instrumentos de préstamo.
Una mayor inversión en la presupuestación con perspectiva de género a escala mundial con vistas a garantizar que las políticas fiscales promuevan la igualdad de género en la recuperación a corto y largo plazo mediante leyes que la incorporen al diseño de las políticas fiscales y los procesos de gestión financiera y presupuestaria.
Las organizaciones signatarias, ONU Mujeres y W20, instan a los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del Grupo de los G20 a invertir en las prioridades inmediatas y a largo plazo de las mujeres:
Toma de decisiones y gobernanza inclusivas
Asegurar el liderazgo y la participación activa de las mujeres durante la respuesta a COVID-19 y después de esta.
Recopilar y difundir datos desglosados por sexo y estadísticas de género sobre la situación económica de las mujeres durante la pandemia de COVID-19 y después de esta.
Empleo e iniciativa empresarial sostenibles
Salvaguardar los puestos de trabajo de las mujeres y generar otros empleos nuevos, dignos y ecológicamente sostenibles para las mujeres, especialmente en la infraestructura pública y social.
Salvaguardar las microempresas y las empresas pequeñas y medianas, y asegurar su sostenibilidad mediante el acceso a tecnología, opciones de capacitación, mercados y financiación institucional innovadora.
Redes de protección social ampliadas y accesibles
Asegurar y mantener una asistencia social sólida (apoyo en efectivo o alimentos) y programas de seguro social (pensiones, salud y desempleo) dirigidos a los grupos vulnerables, incluidas todas las mujeres que trabajan en la economía informal y las que se encuentran fuera del mercado laboral.
Facilitar o ampliar la licencia parental remunerada, los servicios de guardería o las prestaciones a los progenitores que trabajan, en especial las mujeres excluidas, las trabajadoras y trabajadores de servicios esenciales, los teletrabajadores, y quienes realizan trabajos de cuidados no remunerados.
Invertir en infraestructura pública o social que tenga en cuenta el género, como los servicios de agua, saneamiento, energía, transporte y atención.
Sistemas de atención de la salud y servicios de violencia de género inclusivos, sostenibles y de calidad
Garantizar la seguridad física, emocional y socioeconómica de todas las trabajadoras sanitarias y cuidadoras.
Proporcionar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, y de cuidado del VIH, especialmente a las mujeres más excluidas, en entornos donde las infecciones están controladas.
Designar la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas como un servicio esencial a largo plazo.
Prestar servicios de prevención y protección, como de denuncia, refugio, salud y justicia acelerada para las sobrevivientes de la violencia de género.
