Un mensaje despierta a Ruth Mamani en la madrugada, es un pedido de ayuda por parte de otra persona VIH positiva, como ella. Estas llamadas fueron una constante para Mamani, Virginia Hilaquita y Marcela Cabezas, tres líderes de las personas que viven con VIH en Bolivia, durante la cuarentena rígida nacional, decretada por la pandemia de COVID-19.

Las mujeres que viven con este diagnóstico no solo enfrentaron la incertidumbre, el aislamiento y la falta de alimento durante este tiempo. Las complicaciones para conseguir sus medicamentos pusieron en aún más riesgo a este sector vulnerable de la población. “El 70% de las personas que vivimos con VIH se dedica al comercio informal. Son muchas las familias en las que las mujeres no solo son las que llevan el pan a la casa, sino que se hacen cargo de su tratamiento antirretroviral para ellas y sus familias. Al no poder salir, las cosas se hicieron muy difíciles”, relata Virginia Hilaquita, presidenta de la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH y Sida de Bolivia (Redbol).

Gracias a diferentes asociaciones civiles como Redbol o la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW), los pedidos de auxilio fueron respondidos. “Tuvimos que elegir a quienes dar prioridad, eso nos dejó muy impactados. Fue un trabajo muy duro, se entregaron medicamentos, incluso en bicicleta, además de canastas de alimentos”, explica Marcela Cabezas, parte de ICW y Redbol. Sin embargo, las tres representantes comentan preocupadas que hubo personas que se quedaron sin medicamentos hasta por un mes.



El informe “La salud reproductiva es vital: Monitoreo de la salud reproductiva durante la pandemia por COVID-19 en Latinoamérica”, elaborado por más de una decena de instituciones defensoras de derechos humanos—en su versión sobre Bolivia— menciona que, si bien hubo un plan de contingencia para atender las necesidades de las personas con VIH/ Sida en el país, el mismo no tuvo una aplicación satisfactoria.

Si bien no se reportó falta de antirretrovirales, se confirmó que la distribución enfrentó grandes problemas. Pese a que diferentes instituciones internacionales recomendaron la entrega de medicamentos, por hasta seis meses, en el país solo se entregaron tratamientos hasta por tres meses, en el mejor de los casos. Se confirmó que un gran número de personas suspendieron la toma de antirretrovirales debido a la falta de transporte y al miedo al contagio. El testeo es otro de los aspectos que se dejó prácticamente de lado, ya que no hubo ningún tipo de adaptación para que fuera más accesible.

La “Evaluación de los servicios de tratamiento a las personas que viven con VIH/SIDA” publicada por la Defensoría del Pueblo en enero de este año identifica falencias preexistentes a la pandemia. De 22 centros que brindan atención integral solo el 23% tiene las características idóneas para atender a este sector de la población. En muchos casos, la falta de infraestructura obligó al cierre temporal de los centros, ya que no se podía brindar atención segura contra el coronavirus. Ya en condiciones normales muchos hospitales registraron dificultades para distribuir los antirretrovirales, sobre todo en zonas rurales y en casos específicos, se reportó la escases de medicamento o bien la entrega incompleta de la solicitud trimestral.

La alianza entre sociedad civil y Estado, además de la descentralización de la atención médica, se muestran como dos puntos clave para mejorar esta situación. Son dos pedidos urgentes, que se alzan de las voces de las líderes y de las instituciones que velan por la salud sexual y reproductiva de la población boliviana. Mejores condiciones para las personas que viven con VIH y sobre todo para las mujeres con VIH, es un punto de agenda importante que se espera sea tomado en cuenta por las autoridades.