Yuly tiene 34 años y es madre de una niña. Antes de la pandemia trabajaba como “facilitadora de procesos” en un centro municipal que atiende a más de 50 niños en la zona sur de Cochabamba.
Desde hace más de un año Yuly se dedica a vender muñecas hechas en goma eva por las calles de Cochabamba. Al igual que muchas de las madres con las que trabajaba en su centro, se vio obligada a trabajar como vendedora ambulante.
Desde hace más de un año Yuly está desempleada.
Mujeres apoyando mujeres
“Facilitadora de procesos” es el nombre técnico que utilizan las funcionarias para referirse a las mujeres que, como Yuly, trabajan en los centros infantiles municipales.
Según información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Cochabamba (GAMC),
se necesitan 120 facilitadoras y manipuladoras de alimentos para atender los 29 centros que dependen de la Alcaldía.
21 de ellos están ubicados en zonas populares y son muy requeridos por madres y familias de escasos recursos.
Según nos explica Yuly, la mayoría de las mujeres que acuden a los centros son jóvenes. Trabajan como vendedoras ambulantes, cocineras, obreras y estudiantes. La mayoría dirigen hogares monoparentales.
“La mayoría son separadas, viudas, unas cuantas deben tener familia”, precisa Yuly.
Datos del
Instituto Nacional de Estadística muestran que
el 81.6% de los hogares monoparentales en el departamento de Cochabamba están sostenidos por mujeres.
Esto equivale a unas 81 mil familias.
Desde 2020 no sabe dónde dejar a su hija
M. H., quien nos pidió mantener su nombre en reserva, es una de esas mujeres cabeza de familia. Es madre soltera y vendedora ambulante.
Tampoco quiere compartir su edad, pero con seguridad no supera los 30 años. Trabaja vendiendo frutas sobre una carretilla por el centro de la ciudad.
Desde 2020 no sabe donde dejar a su niña que acaba de cumplir tres años. “Está inquieta, no se puede vender. Hay que atenderle también”, cuenta casi con resignación.
M. H. comenzó a recurrir a los servicios de los centros infantiles municipales en 2019, para poder trabajar y sostenerse económicamente. Con la llegada de la pandemia perdió esta opción y ahora debe llevar a su hija envuelta en un aguayo mientras recorre la ciudad.
Antes del nacimiento de su hija, M. H. trabajaba como empleada doméstica, “cama adentro”.
Pero todo cambió después de su embarazo.
“No te quieren agarrar cuando estás con wawa”, nos dice con pena e insistiendo en que las autoridades deberían abrir los centros infantiles cuanto antes.
Según el informe
Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, publicado por OXFAM en enero de 2020, el apoyo con servicios de guardería para las mujeres influye directamente en la calidad de sus empleos.
“En aquellos países donde los Gobiernos ofrecen apoyo a los servicios de guardería, ya sea a través de la provisión directa o de subvenciones, el 30% de las mujeres tiene empleos remunerados, frente al 12% en los países que carecen de políticas de este tipo”, se lee en el documento.
Una ley pionera
Fue precisamente en febrero de 2019 que el Concejo Municipal de Cochabamba aprobó la
ley municipal 380 de Corresponsabilidad en el Trabajo de Cuidado no Remunerado para la Igualdad de Oportunidades.
En la primera semana de marzo, la norma también fue promulgada por el “alcalde suplente temporal” Iván Tellería.
Aunque esta ley representa un hito a nivel nacional y regional, al ser la primera en su tipo en el país y una de las pocas en la región, está lejos de ser un referente replicable.
La 380, entre otras obligaciones, establece que el GAMC debe garantizar “la accesibilidad física, económica, territorial y temporal a los servicios de cuidados, en función a la demanda”.
Desde hace más de un año, esta responsabilidad no es asumida por la Alcaldía.
Los centros infantiles municipales representan solo uno de los pilares de la norma, pero son uno de los principales ejes de acción en cuanto a políticas de corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Incluso a nivel nacional.
Cierres y fondos revertidos
En un análisis de 2019 del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, se detalla que la inversión en igualdad y equidad de género de los municipios de Bolivia está principalmente orientada a programas y proyectos sobre corresponsabilidad en el cuidado de la familia (57%).
En esta inversión se incluyen, especialmente, programas de atención y cuidado de la niñez, guarderías municipales, internados, entre otros.
En el caso del departamento de Cochabamba,
los fondos destinados por los municipios a políticas de corresponsabilidad equivalen al 1.18% de sus presupuestos de inversión. En 2019, estos recursos fueron ejecutados en un 93.24%.
Con la pandemia estos pequeños avances se vieron trastocados.
Por ejemplo, según detalló de manera escrita la secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Jhenny Rivero,
en 2020 el presupuesto para los centros infantiles comunitarios familiares fue de 6.5 millones de bolivianos.
Estos recursos, dice Rivero,
fueron revertidos y devueltos al Estado. Con los centros cerrados, los fondos no pudieron ser utilizados.
Para este año, el presupuesto de los centros es de 4.3 millones de bolivianos. 2.2 millones menos que la gestión anterior.
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano dicen que aún esperan la autorización del Servicio Departamental de Salud para reabrir los centros. Es decir,
esa inversión, destinada a un servicio de corresponsabilidad de cuidados, también está en riesgo de perderse.