Según los datos del GAMV, para la gestión 2020 la ejecución subió 23 bolivianos; sin embargo, este informe debe ser avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aún realiza el análisis de las ejecuciones municipales.
Es importante aclarar que, si bien el municipio cuenta con un presupuesto inicial, lo que se ejecuta es menor. Por ejemplo, en 2020 se presupuestó Bs 119.800 para el SLIM, de los que se ejecutaron Bs 69.077; además, el presupuesto proyectado para 2021 bajó a Bs 59.600, y es probable que su ejecución sea menor.
El titular de la Secretaría Municipal Administrativa Financiera, Ruddy Alvarado, dice que las reducciones se deben a la disminución de los ingresos por la coparticipación de los Impuestos Directos de Hidrocarburos (IDH) que reciben los municipios. Asimismo, Alvarado precisa que, si bien el presupuesto proyectado en 2020 era de Bs 66 millones, la transferencia fue de Bs 49 millones. “De lo programado nos daban menos”, afirma.
Para 2021 se proyectó Bs 48 millones, pero este puede bajar hasta fines de año. A ello se suma que el municipio de Viacha tiene una deuda financiera de Bs 36 millones, que data de periodos administrativos anteriores, esto debido al déficit que hubo entre la protección de 2020 y la transferencia y recaudaciones.
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, considera que los presupuestos se verán aún más afectados a causa de la política de austeridad del país ante la crisis que significó la pandemia del coronavirus.
“Habrá una reducción drástica de presupuestos de los municipios y gobernaciones, lo que se va a traducir en programas que van destinados a la igualdad. Ha ocurrido antes: siempre que hay una reducción de los presupuestos, los que sufren reducción son los programas de desarrollo humano y los planes de desarrollo social”, alerta.
Otros problemas
Viacha no solo sufre la deficiencia de personal y presupuesto en el SLIM, esta situación también se siente en la FELCV, lo que evita una coordinación adecuada entre ambas instancias, como establece la Ley 348.
El director de la FELCV de Viacha, Juan Carlos Quisbert —quien ocupa el cargo desde marzo— explica que solo cuenta con dos personas en cada turno, quienes no se dan abasto para atender los casos. A su vez, Quisbert cuestiona que no haya un médico forense en el municipio, y que las víctimas tengan que viajar dos horas hasta El Alto para ser atendidos.
El certificado forense fue un impedimento para que doña Berta pudiera hacer su denuncia en la FELCV, donde llegó después de acudir al SLIM. Por ello, y por el miedo que tenía, doña Berta escapó con la ayuda de la fundación a otra ciudad, donde además de sus familiares hay una institución que le ofrecía terapia psicológica.
Quisbert es consciente de que, en muchos casos, en la ruta hacia forense, las mujeres desisten de acudir a instancias legales. Aunque explica que, si bien la ley permite denunciar sin el documento forense, la Fiscalía da ocho horas para presentarlo y dar curso a la denuncia; sin embargo,
a veces, por la sobrecarga laboral del médico forense de El Alto, este tiempo es mayor por lo que la demanda no procede.
Voluntad política
Para Mónica Novillo, las deficiencias que ocurren en el SLIM podrían resolverse con la voluntad política de las autoridades de todos los niveles estatales, en este caso municipales.
“Todo presupuesto te dice cuáles son los temas importantes para los gobiernos, y esto tiene que ver con la concepción del desarrollo del municipio. Para nosotras, el seguimiento a los presupuestos nos permite medir la claridad política”, asegura la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
Además, Novillo advierte que no todo depende del cumplimiento de los decretos reglamentarios de la ley —que establecen que los gobiernos municipales dispondrán del 10% del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, mantenimiento y atención en los SLIMS—, sino de que se puedan destinar mayores montos para paliar esta situación.
Por su parte, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendi Pérez, asegura que aún hay una mirada patriarcal que no permite brindar la atención necesaria.
“Hemos visto que son muy pocos los gobiernos autónomos municipales que le dan la debida importancia al tema de (la lucha) contra la violencia a la mujer. Entendemos que el sistema patriarcal es todo un sistema y que la mayoría de los alcaldes en la gestión pasada fueron hombres”, afirma.
Ante el reporte del Ministerio de Gobierno —que afirma que la denuncia que más se presenta en la Policía es de violencia contra la mujer—, Novillo precisa que es urgente asegurar que todas las acciones que establece la Ley 348 sean acompañadas por una asignación justa de presupuesto.
“Una ley con una política que no tiene presupuestos para asegurar su implementación, es una política que no sirve”, asevera Novillo.
Al respecto, Pérez asegura que en el proyecto de modificación de la Ley 348, que se espera entregar a la Asamblea Legislativa a fines de julio, hay un capítulo específico dedicado a presupuestos.
Falta de confianza
La directora del Sepmud, Wendi Pérez, resalta que la falta de presupuestos afecta, además, a la institucionalización de su personal, el cual en casi todos los casos tiene contratos temporales. A su vez, Pérez considera que por eso hay una sensación de desconfianza al trabajo del SLIM, y que muchas mujeres prefieren no acudir a esa instancia o deciden no regresar para no ser revictimizadas al tener que contar nuevamente su experiencia.
Además, destaca que, por contar con bajos presupuestos, en varios municipios no se contrata a personas con experiencia que puedan atender estos casos con calidad y calidez.
Al respecto, la trabajadora social de la Fundación Esperanza de Vida, Daysi Carvajal, cuenta que muchas de las mujeres que acuden a esa institución les dijeron que no volvieron al SLIM porque allí no les dieron una respuesta oportuna, ese es el caso de Ana (nombre cambiado).
Según cuenta Ana, en 2019 acudió al SLIM de Viacha para presentar una denuncia, sin embargo, no quisieron recibir su proceso. Ella explica que su exesposo trabajaba en la Alcaldía, y que además es familiar de una alta autoridad de la anterior gestión. Relata que su expareja trató de atentar contra su vida en dos oportunidades, después del divorcio y que ahora ejerce violencia psicológica contra ella y sus dos hijas.
